Salud sexual y reproductiva: qué es y por qué importa

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El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) define salud sexual y reproductiva como “un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo”. Es un derecho fundamental que abarca la libertad de decidir si se desea quedar embarazada y cuántos hijos se desean tener, además del goce de una vida sexual plena y sin riesgos. A pesar de que el ejercicio de este derecho está estrechamente vinculado al desarrollo humano sostenible, en el contexto de la pandemia de Covid-19 se han reportado preocupantes retrocesos en este tema.

La salud sexual y reproductiva abarca la educación sexual integral, el derecho a métodos anticonceptivos y servicios pre y post natales que garanticen la vida y la salud de la madre y el bebé.
Foto: Santo Tomás en Línea.

¿Qué abarca la salud sexual y reproductiva?

  • El derecho a la educación sexual integral
  • Acceso a información veraz sobre métodos anticonceptivos seguros, eficaces y asequibles
  • Acceso a servicios de salud con pertinencia lingüística y cultural que les permitan a las mujeres tener un embarazo normal, un parto sin riesgo y un bebé sano
  • Acceso a información y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual (ITS) como el VIH/SIDA y la sífilis.

¿El derecho al aborto seguro es parte de la salud sexual y reproductiva?

Expertas de la ONU en derechos humanos incluyen el acceso al aborto legal y seguro como un derecho fundamental de mujeres y niñas. Sin embargo, este sigue siendo un tema muy contencioso y existen cinco países que lo prohíben completamente, incluso cuando la vida de la madre corre peligro: El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Malta y el Vaticano.

¿Cómo se vincula la salud reproductiva con la equidad de género y el desarrollo?

Privar a una persona del derecho a la salud sexual y reproductiva le impide tomar importantes decisiones sobre su cuerpo y su futuro, lo cual tendrá, a largo plazo, un impacto negativo sobre el bienestar de sus familias y de las futuras generaciones. Por ejemplo, la negación del derecho a la educación sexual integral, puede resultar en un mayor número de embarazos precoces y no deseados entre las adolescentes.

Dado que las niñas y adolescentes que son madres suelen abandonar la escuela para criar a sus hijas, esto dificulta que culminen sus estudios y puedan optar a mejores empleos.   

Según un informe de UNFPA, casi el 50 por ciento de las madres de 10 a 19 años se dedican exclusivamente a las tareas del hogar, por lo cual tienen tres veces menos oportunidades de obtener un título universitario que aquellas que retrasan la maternidad, y ganan, en promedio, un 24% menos.

El mismo informe advierte que el embarazo adolescente en América Latina y el Caribe le cuesta a los estados de la región un 0.35% de del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 1 mil 242 millones de dólares anuales por país. Por ello, la Conferencia Internacional Sobre la Población y el Desarrollo, subraya la correlación entre la salud reproductiva, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en la salud sexual y reproductiva?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que la pandemia de Covid-19 ha interrumpido los servicios de atención primaria en salud, los cuales ofrecen servicios de consejería sobre el uso de anticonceptivos y acceso a los mismos, además de controles pre y post natales.

A nivel global y regional, la pandemia ha generado una reducción de la cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva, lo cual incide en el incremento de las muertes maternas y los embarazos no deseados.

Otro informe, elaborado por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) también concluye que la pandemia ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a servicios de salud reproductiva en la región, y afirma que “el efecto de la pandemia en la salud reproductiva de las mujeres sería incluso mayor que el número de muertos directos por la Covid-19”.

¿De dónde viene el término “derechos reproductivos”?

El término fue acuñado a finales de la década de los setenta por la feminista estadounidense Marge Berer y su uso comenzó a ser común a mediados de los ochenta con la Reunión Internacional sobre Mujeres y Salud en Ámsterdam y la Conferencia Internacional de Población en México, las cuales se llevaron a cabo en 1984.

En 1993, durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, los Estados aceptaron que la violación de los derechos sexuales y reproductivos constituía una violación a los derechos humanos. Dos años después, la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer, celebrada en Beijing afirmó el derecho de las mujeres a tener control sobre todas las cuestiones relativas a su sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva.

El Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002, tipifica por primera vez en el derecho penal internacional la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otras formas de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

¿Cuál es el marco jurídico internacional sobre salud sexual y reproductiva?

La Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo (CIPD), que se llevó a cabo en El Cairo, en 1994, fue la primera en reconocer explícitamente en su Programa de Acción el derecho de individuos y parejas a decidir de manera libre y responsable el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre ellos, además de disponer de la información y medios para ello.  

Fuentes consultadas: UNFPA, CEPAL, CLACAI.